Alberto Fernández tomó la decisión de tratar en tiempo maratónico la ley ómnibus que le delega varias atribuciones del congreso, y de esta forma comenzar el próximo año con el camino allanado para gobernar con tales condiciones dispuestas. Un presidente que tiene el poder de modificar la fórmula jubilatoria a su gusto, como así también modificar impuestos y tarifas con el pretexto de que se está en una situación de emergencia fue una maniobra que centralizó aún más el sistema presidencialista en la figura del presidente. ¿Una situación de emergencia es motivo para darle súper-poderes al poder ejecutivo? Teniendo en cuenta que hace muchos años el país se encuentra en emergencia, ya que la pobreza y la inflación no son inventos de Macri sino que son variables empeoradas por este pero arrastradas de muchos gobiernos que han contribuído a la decadencia, robustecer un gobierno personalista que pase por encima al congreso no ha sido efectivo para evitar contextos de emergencia, sino que se han profundizado. La república enfatiza la división de poderes con el objetivo de diferenciarse de la centralización del poder de la monarquía. En un sistema presidencialista, que no comparte el poder de la forma en que se comparte en un sistema parlamentario, es menester el deber de entablar debates entre sectores políticos disidentes en el parlamento para así votar las leyes más cercanas al bien común. Si en una democracia no funciona bien el sistema republicano, entonces el candidato votado para conducir el poder ejecutivo es más parecido a un monarca que a un presidente. Alberto Fernández y el oficialismo actuaron como lo dice Nicolás Maquiavelo en El Príncipe: como un príncipe que debe consolidar el poder en un principado caótico donde su cabeza corre peligro; no como un presidente republicano elegido en el contexto de una democracia.
La ley lleva el mote de "solidaridad y reactivación productiva". En primer lugar cabe destacar que el verdadero nombre que debería llevar esta medida es el de "ajuste fiscal", ya que el aumento de impuestos junto con el nuevo impuesto a la compra de dólares (que lleva a la divisa norteamericana a un valor por arriba de los $80, convirtiendo el impuesto en una devaluación virtual) es una medida en favor del equilibrio fiscal vista con buenos ojos por los bonistas y el FMI, ya que de esta forma se ahuyentaron lógicos miedos que relacionaban al kirchnerismo con la irresponsabilidad fiscal y la emisión monetaria descontrolada (lógicos por los 12 años vividos en tales condiciones), haciendo bajar el riesgo país y subiendo el valor de los bonos argentinos. El problema no es que el gobierno busque el equilibrio fiscal (por el contrario, en ese sentido puede decirse que volvieron mejores), sino las medidas populistas que se encuentran detrás de ello, y que no hacen más que alejar a la Argentina de la "solidaridad" y más todavía de la "reactivación productiva".
Es un engaño llamar a un "impuestazo" una política de solidaridad, ya que un acto solidario no es quitarle a otro algo a la fuerza, y cuando es más de la justicia social populista que nos tiene acostumbrados el peronismo, que nunca termina siendo justa, sino todo lo contrario. Una verdadera política de estado que piensa en reducir la pobreza no es castigar a aquellos que siempre aportan al estado producto de su trabajo (por lo que podría decirse que ya eran bastante solidarios), sino que debería ser un plan integral económico para aumentar el producto, bajar la inflación y que de esta forma se produzca riqueza. Que un sector de la población mantenga a otro con sus impuestos hace sumir aún más en la pobreza a aquellos que no pueden generar riqueza por sus propios medios. Teniendo en cuenta que la Argentina es uno de los países con mayor carga tributaria en el mundo, un buen punto debe ser promover que los que producen produzcan más y mejor, reduciendo la presión impositiva para que un emprendimiento sea más viable y que no se deba recurrir al sistema financiero para hacer rendir los ahorros, y que aquellos que no pueden ahorrar por tanto ahogo impositivo puedan hacerlo. Con una economía en negro gigante, imponer una doble indemnización y aumentar la carga impositiva no ataca los problemas de fondo y por lo tanto no reactiva la producción. El ajuste que debe hacerse no es solo en los bolsillos de la clase política (que como un mínimo gesto de humanidad debería realizarse) sino en toda la estructura elefantástica del estado que debe reducirse: el gobierno actual es la administración que más ministerios tiene desde que volvió la democracia, con un total de 21. Hacer más grande el estado no es la solución sino parte del problema, además de que se realiza utilizando a la gente de bajos recursos: se utilizan las buenas oraciones de terminar con el hambre en la Argentina cuando no están claras las ideas para empezar a crecer y generar empleo, mientras vemos más de lo mismo: una política asistencialista que de la mano de Cristina y Macri no hizo más que aumentar los planes sociales, síntoma del deterioro argentino y que poco sirve para resolver la situación de muchas provincias que tienen más empleados públicos que privados, que no generan recursos y viven de la coparticipación mientras la mitad de su población está por debajo de la línea de la pobreza.
El Banco Interamericano de Desarrollo lanzó una investigación sobre el gasto publico en América Latina, donde en el primer capítulo realiza las siguientes conclusiones: "En principio, no hay nada malo en satisfacer las demandas de un mayor gasto, siempre y cuando no comprometa el crecimiento y se vea acompañado de impuestos mas altos y otras instituciones fiscales que garanticen la sostenibilidad" "En el contexto de un crecimiento escaso, hay poco margen para aumentar el gasto para satisfacer estas demandas; al contrario, los gobiernos tienen que hacer mas con los mismos recursos" "Los resultados confirman que la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, reduce la participación relativa del gasto de capital. Es muy posible que esta conclusión explique parte del sesgo observado en contra del gasto de capital en América Latina y el Caribe, dado que la región es la mas desigual del mundo". La última cita se refiere a la necesidad de una utilización mas eficiente del gasto, ya que el gasto de capital es un multiplicador del crecimiento fundamental por encima del gasto corriente, el gasto en el que suelen incurrir este tipo de gobiernos.
Alberto Fernández ha enfatizado en reportajes periodísticos que no congeló las jubilaciones, sino que las suspendió para después poder aumentarlas en marzo. La realidad es que los jubilados fueron tomados como variable de ajuste junto con el "estrangulamiento" a la clase media y alta. Si luego se actualiza la fórmula que quedó "suspendida" (palabras del presidente), no va a ser de forma democrática votando en el parlamento sino a pura arbitrariedad del que ahora tiene los poderes para hacerlo. En un contexto de urgencia en el que se deben pagar los vencimientos de deuda y parecen no cerrar los números para pagarle a los jubilados con la fórmula que se había votado en 2017 no es razonable tener un estado con tantos ministerios y tanto gasto.
Los jubilados son un problema a nivel mundial: en Francia no pararon de ocurrir incidentes desde que Macron planteó unificar los sistemas jubilatorios de forma tal que le genere un ahorro al estado. Bolsonaro, además de reformas de carácter fiscal, laboral e impositiva implementó una reforma jubilatoria con una edad jubilatoria más razonable a la expectativa de vida y que es un alivio para las arcas estatales: no es casualidad que Brasil haya superado una profunda recesión y su economía esté creciendo más de lo esperado. Hasta que no haya un gobierno argentino que se plantee realizar las reformas de fondo que llevó a cabo el gobierno de Bolsonaro, los problemas estructurales permanecerán inamovibles.
Respondiendo a las disyuntiva del principio: un ajuste disfrazado de una intención solidaria que no hace más que seguir utilizando a los pobres como estrategia electoral y que utiliza la situación de emergencia para exacerbar la figura del presidente son síntomas de que el kirchnerismo volvió igual: igual de populista, a través de un ajuste que no es en el estado, sino en los que producen. Un ajuste peronista.