Opinión: Puntos a favor y en contra de las PASO

Para las elecciones de 2027, se debatirá si se eliminan o no las PASO.

Todo cambio en el sistema electoral conlleva sus costos y beneficios. No existe un sistema perfecto, y para evaluar el impacto de posibles reformas debe analizarse a partir de qué objetivos se implementan. Al ser una instancia del acto eleccionario donde los votantes ejercemos nuestra soberanía para elegir a nuestros representantes, la permanencia o eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) merece un debate y reflexión profunda para que los parlamentarios opten por la mejor decisión posible. Para esto último, no pueden dejarse de lado los aspectos positivos y negativos que las PASO implican desde su implementación en el año 2015.

Aspectos positivos:

1) Sin dudas las PASO representan una mayor participación democrática de la ciudadanía. Al agregar las elecciones primarias como instancia previa a las elecciones generales, se le está dando la posibilidad al votante de elegir tanto qué frentes que superan el umbral mínimo participarán o no de las elecciones generales, como también qué alternativa prevalece a nivel interno en cada una de las coaliciones.

2) Que las PASO como instancia previa a la primera vuelta filtre ciertos espacios políticos que no llegan al 1,5% es un cierto mecanismo que de alguna manera evita la fragmentación partidaria. Esto no impide que el sistema de partidos termine fragmentado, ya que podría ocurrir que muchos frentes superen el 1,5%, pero sí contribuye a evitar una atomización del sistema al colocar dicho umbral. Tener un sistema atomizado, tal como ocurre en Perú, en lugar de consolidar un bipartidismo sólido, es negativo ya que luego la fragmentación deriva en parlamentos con pocas posibilidades de formar acuerdos de políticas sostenibles a largo plazo. Además, tener elecciones primarias incentiva a formar coaliciones entre partidos que tienen ideas medianamente parecidas, que de otra forma irían por separado. 

3) Al brindar la posibilidad de forjar elecciones internas dentro de cada coalición, se está permitiendo que esas elecciones se diriman por el voto popular, lo que le da al ganador de la interna mucha más legitimidad por parte de sus socios de la coalición. En el 2015 Macri le gana por una diferencia apabullante la interna a Sanz y Carrió, lo que reflejaba la decisión tajante del público de que el PRO debía liderar la coalición por sobre la UCR y la CC. Las primarias en 2023 permitieron saber que la mayoría del electorado prefería como candidato a Patricia Bullrich y no a Rodríguez Larreta, algo que no muchos preveían. 

4) Al sumar una instancia más antes de las elecciones generales, el votante tiene más información a la hora de acudir a las urnas, permitiendo en muchos casos recalibrar el voto para la primera vuelta. Cuando en 2019 Macri pierde en las PASO por más de 15 puntos con Alberto Fernández, mucha gente que había votado precandidatos poco gravitantes o que directamente no había ido a votar decidió hacerlo por Juntos por el Cambio, reduciendo la diferencia a siete puntos con respecto al Frente de Todos. Esta reducción en la diferencia fue muy relevante en la composición posterior del Congreso.

Aspectos negativos:

1) Si bien el objetivo de las PASO es dirimir las internas de las coaliciones mediante el voto democrático, no todas las coaliciones necesariamente presentan más de un precandidato. Por nombrar un caso icónico: en las elecciones de 2019, de las seis listas que llegaron a las elecciones generales, ninguna había presentado más de una lista en las PASO. Por lo tanto, las PASO terminan funcionando como una mega encuesta, lejos de cumplir su función original.

2) Así como las PASO le dan más información al votante de cara a la elección general, el gobierno de turno también pasa a tener más información. Así ocurrió en 2023, cuando luego de salir tercero en las PASO, el gobierno de Unión por la Patria a cargo de Alberto Fernández y Massa hizo un descalabro monetario con tal de ganar la elección, con graves consecuencias para el país.

3) Al igual que las elecciones generales y el eventual balotaje, las PASO son obligatorias. Sin embargo, en la práctica la obligatoriedad no existe, y termina votando un porcentaje mucho menor al padrón. Ante un contexto donde la gente está desencantada con la política y va desanimada a votar, o incluso mucha gente no acude a las urnas, no tiene demasiado sentido sumar más "esfuerzos" sumando un acto eleccionario que al no ser definitorio de los cargos públicos a mucha gente no le interesa.  

4) Las PASO no terminan necesariamente con las elecciones de los candidatos "a dedo", aun cuando haya internas en las coaliciones: para que los precandidatos encabecen las listas que van a competir por ser el candidato de la coalición en las elecciones generales, el proceso interno dentro de cada partido para disponer a su precandidato puede no ser demasiado democrático dependiendo del funcionamiento interno de la institución partidaria. 

5) Las PASO no se salvan de la corrupción: ha habido espacios como el de Guillermo Moreno (¿qué se podía esperar?) que sabiendo que probablemente no iba a llegar al umbral del 1,5%, decidió presentar ¡cinco listas! en las elecciones primarias del 2023, con todo el presupuesto que significa imprimir boletas para cinco listas. El presupuesto lo asigna la justicia electoral para que cada coalición imprima sus boletas. Sabiendo que ninguna de las cinco listas iba a obtener demasiados votos, Moreno no imprimió todas las boletas presupuestadas, y se quedó con todo el presupuesto restante. El espacio de Julio Bárbaro, que obtuvo el 0,10% de los votos en la misma elección, presentó tres listas, al igual que el frente Proyecto Joven de Mempo Giardinelli. 

6) En un país con una tasa de pobreza del 30%, y donde la política le cuesta tanto dinero al contribuyente en materia de cargos y asesores, hay que preguntarse si realmente tiene sentido gastar el presupuesto que una elección primaria amerita. 

Sopesando los costos y beneficios, optar por la permanencia de un acto eleccionario que no define cargos públicos sino quienes son los candidatos a ocuparlos no se condice con el enorme esfuerzo que está realizando la sociedad. Introducir la boleta única reduce las erogaciones que se deben hacer imprimiendo todas las boletas partidarias, pero aun así el gasto logístico y de personal que implica realizar un acto eleccionario sigue siendo importante. 

 A la hora de optar por su eliminación y permanencia, los diputados y senadores no pueden dejar de considerar lo positivo y lo negativo que las PASO introducen en el sistema electoral. Si se quiere achicar el presupuesto destinado a las elecciones, pero no declinar en el intento por democratizar el método de selección de los candidatos dentro de los frentes, pueden pensarse alternativas más austeras y con participación ciudadana. Hoy, la prioridad debe pasar por que la clase política asimile el sacrificio de la ciudadanía.

Tomás Racki. Politólogo. Diplomado en Seguridad Ciudadana.

Adelanto de mi libro: Republicanismo, ¿Qué es ser republicano?

        Fragmento del primer capítulo de Republicanismo, ¿Qué es ser republicano?

Esa “cosa de todos”, que empieza de forma incipiente mediante el pensamiento de Aristóteles, encuentra en la soberanía del pueblo, y por consiguiente a través de la democracia indirecta, la mejor forma de manifestarse y crear un sentido cívico y comunitario, uniendo y formando, como lo entendía Rosseau, una voluntad general, que lejos de ser un cúmulo de las voluntades particulares de cada individuo, es una manifestación superadora y pluralista.
 La democracia republicana poco tiene que ver con la democracia ateniense, que era directa. Es decir, cuando no había representantes que se dedicaban profesionalmente a la política, sino que era el mismo ciudadano común el que participaba. No hay riesgos de caer en la anarquía, estado referido por Platón donde como gobiernan todos, no termina gobernando nadie. Ni de caer en la demagogia, la degradación de la democracia que pensaba Aristóteles.
 En esta democracia representativa, la desconcentración del poder resultante de la división de poderes se encarga mediante la institucionalidad de impedir derivas autoritarias. A su vez, las diversidades de pensamiento y pluralidad de intereses se cristalizan en la institución del parlamento. Esto no quiere decir que la república sea imbatible, y que la democracia, que funciona al amparo de aquella, sea un régimen perfecto. Como muchos otros sistemas de gobierno, hay fallas, y problemas que no siempre logran resolverse. Pero el funcionamiento teórico de la república, activando los mecanismos institucionales previstos y concebidos, es el sistema que más defiende la libertad y permite acercarse lo más posible a la resolución pacífica de conflictos.
 Sin dudas, el republicanismo tiene que ver con una filosofía que, dejando atrás el oscurantismo y el absolutismo, prepondera la institucionalidad por encima de cualquier persona. Es una línea de pensamiento y acción que rechaza el personalismo, y pone a todos los ciudadanos por igual.
 Puede agregarse que el republicanismo es un status quo que pauta reglas del juego determinadas. La arquitectura institucional hace factible aplicar cambios, incluso reformar las instituciones, pero en la medida en que, al participar en una misma arena, jugamos todos de la misma manera, respetando las mismas reglas.
 La teoría de las dos revoluciones, que como se ha mencionado anteriormente pondera la Revolución Francesa y la Revolución Industrial como los dos focos que dan lugar al mundo contemporáneo, no significa que ambas revoluciones sean elementos separados e independientes uno de otro. Así como el orden republicano es el orden político que logra que vivamos de la forma más libre y justa posible, incluso con la posibilidad fehaciente de participar en la toma de decisiones, el orden capitalista es el sistema económico más libre y progresivo de toda la historia. Y debemos animarnos a decir que, para cuidar la libertad del ciudadano, el republicanismo debe garantizar la reproducción del capitalismo y la economía de mercado, ya que el orden político y el económico se retroalimentan. De hecho, gran parte de la discusión pública transparentada por el republicanismo abarca coyunturas económicas, y posiblemente la gente podría dejar de creer y respetar los métodos y valores de la república si esta misma no es capaz de dar respuestas concretas y efectivas ante el malestar económico.
 El mundo contemporáneo le da existencia y entidad al ciudadano, en cuanto al orden político; y al burgués, trabajador, empresario, en el orden económico. Sin ser ciudadanos, probablemente la burguesía no habría podido desarrollarse. Así como el capitalismo produjo grandes desplazamientos del campo a las ciudades, el republicanismo logró que esos habitantes de las ciudades, ahora llamados ciudadanos, participen en política ya sea debatiendo en clubes (así comenzó a gestarse la Revolución Francesa), leyendo diarios, contribuyendo a una opinión pública que luego se plasma en las candidaturas y en los sufragios masivos.
 Sin ciudadanía no hay capitalismo, porque sin tener derechos que nos amparan para no ser confiscados (como cuando se firma la Carta Magna en Inglaterra), los derechos de propiedad que hacen funcionar al mercado no serían posibles.
 Como sistema que busca ser racionalista, dando explicaciones ante la ciudadanía porque se asume que ahora ésta puede y debe participar en los temas que le competen, esa apertura y creatividad para pensar y aplicar soluciones se replica también en la economía, con personas idóneas para invertir dinero y así hacer progresar económicamente a las sociedades con una gran cuota de talento individual.
 Este cambio astronómico y copernicano en la socialización conlleva no solamente modificaciones cuantitativas, ya que ahora la soberanía del pueblo consta del sufragio para constituir un gobierno. Sino que hay también una reforma cualitativa, donde los súbditos se transforman en ciudadanos. Es decir, al contar con ciudadanos, se cuenta con sujetos con derechos y libertades. Los derechos de ciudadanía, que abarcan derechos civiles, políticos y sociales, hacen que la evolución de súbdito en ciudadano sea en un aspecto bidimensional: por un lado, el gobierno que conduce el Estado tiene la obligación de respetar los derechos del ciudadano; y, por otro lado, el ciudadano como tal ahora es partícipe de las políticas que lo afectan.
 En esa segunda dimensión es interesante destacar que, ya sea no solamente a la hora de emitir el voto, sino al momento de informarse, formar una opinión, debatir, el ciudadano forma parte de la esfera pública, más allá de que no sea el tomador de decisiones final. Y a esta segunda dimensión podríamos sumar múltiples sub-dimensiones, que nutren el ejercicio de la ciudadanía: la educación, los negocios, el trabajo, la cultura, la religión, el deporte. Podemos decir que la democracia se ejerce al momento de votar, pero la república funciona constantemente, las 24 horas del día de los 365 días del año. No sólo ejercemos la democracia, sino que vivimos en democracia gracias a la República. Sin república, la democracia no funciona.
 Si la democracia fuera solo un acto eleccionario, no estaríamos ante una democracia republicana sino ante una democracia cesarista, donde el tirano es votado por la gente, pero no por eso deja de ser tirano. El republicanismo es el corazón de la democracia porque la hace funcionar no solamente en cuanto a los mecanismos para acceder al poder, sino también para ejercerlo. En pocas palabras, sin división de poderes y predominio de las instituciones no hay república, y sin república, la democracia no funciona y se vuelve una cáscara vacía.

Tomás Racki. Politólogo. Diplomado en Seguridad Ciudadana. 

Opinión: El Jefe de Gabinete, una figura no muy fácil de entender

Adorni, un referente outsider del universo virtual libertario, deja su cargo para que asuma Santilli, parte de la "casta".

En sistemas de gobierno presidencialistas como el argentino, el jefe de Estado es a su vez el jefe de gobierno, y es externo al parlamento. A diferencia de los sistemas parlamentarios, donde el jefe de gobierno es un primer ministro surgido en el seno del parlamento, y el jefe de Estado es una figura más protocolar y sin injerencia en la gestión gubernamental. No hay sistema perfecto, ya que cada uno conlleva sus ventajas y desventajas. 

 En la reforma constitucional de 1994 se introduce la figura del jefe de gabinete con la intención de atenuar un poco la figura presidencial, y aliviarlo en la tarea del ejercicio de la presidencia introduciendo un cargo que, como ministro coordinador de las áreas de gobierno, se ocupe ni más ni menos que de la administración general del país y de los negocios de la nación, tal como reza la carta magna. La idea de la creación de este cargo, surgida desde Alfonsín y el radicalismo, era dar lugar a una especie de primer ministro. Esto último tiene lugar cuando una vez por mes el jefe de gabinete debe dar cuenta de la marcha del gobierno en una de las cámaras del Congreso, como lo hace un primer ministro en los parlamentarismos. Además, el artículo que contempla la posibilidad del Poder Legislativo de ejercer la moción de censura se asemeja a la capacidad de los sistemas parlamentarios para disolver el gobierno, aunque en este caso se trate solamente de la remoción de un miembro del gabinete. La naturaleza del presidencialismo es algo contradictoria para con la génesis de dicho cargo, ya que éste es nombrado y removido a voluntad del titular del Ejecutivo. 

 Habiendo tenido gobiernos de cuatro signos políticos (PJ, UCR, PRO y LLA), podemos decir que la introducción del jefe de gabinete no ha atenuado la figura del presidente, y aquel ha sido eyectado cada vez que las necesidades del Poder Ejecutivo así lo han demandado. 

 El gobierno de Macri mantuvo el mismo jefe de gabinete, Marcos Peña, durante todo el mandato. Peña era una suerte de consejero que, como parte del riñón de Macri, siempre estuvo firme en el cargo. Pero no por representar una figura de peso frente a un parlamento adverso y combativo, sino por ser una extensión de las consultoras que asesoraron no dar malas noticias y no tomar medidas demasiado drásticas. 

 Durante el nefasto gobierno de Alberto Fernández, ya sucedía algo extraño de forma originaria, porque el presidente tenía menos poder que la vicepresidente. El primer jefe de gabinete, Santiago Cafiero, jamás estuvo cerca de ser una suerte de primer ministro, sino que su figura era aún más paupérrima que la del desdibujado presidente. Cuando asume Manzur, se logró un efecto de darle un mayor peso político al gabinete al tomar las riendas ni más ni menos que el gobernador de una provincia, y Sergio Massa, quien pasó a ser el ministro de economía, se cargó al hombro la gestión haciendo un desastre con tal de ganar las elecciones.

 En el gobierno libertario, Posse, depuesto rápidamente del cargo, era un jefe de gabinete tecnocrático: era un outsider, que se encargaba de la gestión y ni siquiera asistía al Congreso como la ley lo demanda. Francos fue todo lo contrario, teniendo reconocimiento por parte de los demás bloques legislativos, pero consumido por las internas. Adorni, un soldado de Karina Milei, pudo haberse asemejado al ideal originario del jefe de gabinete porque fue el único que casi provoca que se utilice por primera vez la moción de censura, ensuciado por los escándalos patrimoniales. 

 El nombramiento de Santilli como jefe de gabinete parece ser un retorno a la gestión de Francos, con el Ministerio del Interior absorbido por la Jefatura de Gabinete, en un rol preponderante como articulador con los gobernadores y el Congreso. Tal absorción de funciones tiene mucho sentido, ya que gran parte de los diputados y senadores responden al gobernador de su provincia.

 Será la primera vez desde 1994 que ocupa el cargo un dirigente perteneciente a una fuerza política distinta a la del presidente. Esta cuestión representa un dilema: por un lado, en un gobierno que vino a combatir la casta es nombrado en el puesto más importante después del presidente a un político profesional, un oportunista que ha merodeado en el peronismo, después en el larretismo y ahora en el espacio libertario, muy lejos de los valores que Milei defiende. Y, por otro lado, esta cualidad de político de raza le otorga a Santilli un halo de nexo con el parlamento para lograr consensos básicos y necesarios, siendo esta vez una cierta especie de primer ministro, más cercano al ideal de la génesis del cargo en la reforma de 1994. A esta altura, después de los escándalos y pensando en que la próxima elección va a dirimirse entre LLA y el peronismo kirchnerista, tal vez lo primero ya no importe demasiado. Probablemente LLA no rompa el sistema, sino que tan solo logre modificarlo: hoy el escenario es parecido a cuando el bipartidismo disputaba al PJ frente a Cambiemos, cambiando el amarillo por el violeta libertario, aunque ahora con tonalidades amarillas. El nuevo jefe de gabinete es un síntoma de esta asimilación. 

Tomás Racki. Politólogo. Diplomado en Seguridad Ciudadana.

Opinión: El peligro de los meta-mensajes

Detrás de un reclamo que dice ser justo pueden esconderse las peores intenciones.

Muchas veces, en las ciencias sociales la complejidad de un mensaje radica en la existencia de un meta-mensaje, que debe descifrarse detrás de lo que aparentemente se comunica. 

 Existen reclamaciones de motivos nobles, que son defendidos en muchos casos con honestidad. Pero los oportunistas que se cuelgan de banderas que generan simpatía se impulsan a través de éstas para escalar más rápidamente en la consecución de sus espurios objetivos. 

 Si uno observa la reclamación de igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, muy pocos estarán en contra de que las mujeres estudien, hagan deporte y sean respetadas. Pero detrás de esta oleada feminista se preparan los marxistas que luego de fracasar en su revolución de obreros contra el capital, se cobijan en las cuestiones de género para implantar una revuelta de mujeres contra hombres. En términos de Agustín Laje, es una batalla cultural. En este caso, que muta en sus características exteriores pero que en sus símbolos más profundos es la misma discusión de conceptos que no pasan de moda. 

 Detrás del antisionismo de los que dicen preocuparse por los muertos civiles palestinos de las guerras de Medio Oriente, no hay más que antisemitas que se oponen a Israel, único Estado judío del mundo, cuando callan y son obsecuentes ante verdaderas atrocidades que cometen regímenes autoritarios y las organizaciones terroristas que Israel combate. Decir directamente que son antisemitas sería para ellos políticamente incorrecto, por lo que se escudan en decir que son antisionistas ante un conflicto cuyos orígenes y naturaleza ignoran o desconocen. Este odio visceral ha incursionado profundamente en el mundo académico al igual que el feminismo, incluso en las prestigiosas universidades estadounidenses. Se busca diferenciar ambos términos, pero el antisionismo es lisa y llanamente el antisemitismo del siglo XXI.

 En la marcha universitaria convocada para este 12 de mayo, el pedido por cumplir la ley de financiamiento universitario es válido y legítimo. Se puede estar de acuerdo o no, pero es una ley votada en el Congreso, que fue ratificada por el mismo luego del intento de veto del Ejecutivo. Sin embargo, detrás de un reclamo genuino, están los que cometen las tropelías de siempre: a los peronistas e izquierdistas no muy amigos del republicanismo no les interesan los docentes, científicos, jubilados ni discapacitados, sino que en el fondo aspiran a desestabilizar a un gobierno democrático y volver al modelo de una inflación de tres dígitos y una pobreza del 50%. Aun cuando había tanto o más hambre que ahora, y las universidades sufrían recortes por parte de la gestión de Massa. 

 A las pruebas me remito: en el gobierno de Alberto Fernández, durante 2020 y 2021 las universidades públicas permanecieron cerradas, condenando a la virtualidad a toda la población universitaria. Que una universidad no abra sus puertas es más nocivo que sufrir un recorte presupuestario. ¿Cuántas marchas en defensa de la universidad pública se produjeron en esos años? Ninguna. 

 Detrás de muchas banderas aborteras y palestinas no hay solidaridad con mujeres o niños que sufren, sino odio hacia el hombre y el Estado de Israel. De igual forma, aunque muchas agrupaciones y dirigentes universitarios pidan por la educación pública, lo que en realidad reclaman es conservar sus privilegios y curros que serían descubiertos si se dejaran auditar por los organismos externos correspondientes. El mundo universitario no es ajeno a la partidocracia política, y en muchos casos es una prolongación gramsciana de ésta. 

 Cualquiera que haya estudiado en la universidad pública conoce perfectamente la violencia e intolerancia con que agrupaciones de largo cuño tratan a otros estudiantes que no coinciden con su ideología. ¿Los valores de la democracia? Solo cuando les conviene. Mucho cuidado con los que aparentan ser lo que en verdad no son.

Tomás Racki. Politólogo. Diplomado en Seguridad Ciudadana. 

Opinión: El nuevo régimen penal juvenil y la demagogia

La subcultura tumbera del "choreo" aleja a los chicos de la escuela y el deporte para adentrarlos en el mundo de la marginalidad.

Dentro del paquete de reformas tratado en el Congreso de la Nación, se destacan reformas importantes que al aplicarse tendrán beneficios extendidos para todos los argentinos, como la reforma laboral, el tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea, y la reforma del código penal. 

 Esta última reforma, que reduce la edad mínima de imputabilidad a los 14 años, es un paso importante y fundamental para lograr la paz social que los argentinos nos merecemos. En primer lugar, cabe destacar acerca de la demagogia punitiva: ésta hace referencia a la idea errónea de que con penas más duras se solucionan los problemas de inseguridad. No deja de ser cierto que la complejidad del asunto no pasa únicamente por detener a más personas. Hay un amplio espectro de problemas a detectar y profundizar como lo son la socialización de personas en entornos vulnerables, donde se vuelven fundamentales el rol de las familias, escuelas, clubes y oportunidades en los barrios; la eficiencia y capacidad de acción de la institución policial; y la prevención basada en el acondicionamiento apropiado del espacio público para que este no se convierta en sótanos de la delincuencia. La prevención del delito es lo que ataca sus causas originarias. No obstante, sin caer en la demagogia punitiva, hemos caído en otro tipo de demagogia: la delictiva. 

 Así como la izquierda se ha arraigado culturalmente en escuelas, universidades, sindicatos, y hasta en el lenguaje (con el mal llamado lenguaje "inclusivo"), hace años que caló hondo en la justicia la idea de que el delincuente es una víctima de la sociedad. Y pareciera ser que ser popular es empatizar con las subculturas violentas. En uno de los gobiernos del kirchnerismo, hasta hemos visto en Plaza de Mayo a bandas musicales invitadas por el gobierno de aquel entonces para escuchar murgas y canciones que hacen apologías del delito. Esto último puede parecer algo banal, pero no lo es.

 Desde el punto de vista de la política criminal, poder condenar a menores de 14 y 15 años que salen a robar y matar ejerce un efecto preventivo: que los jueces tengan ahora mayores herramientas legales para no liberarlos implica que a las pocas horas esos mismos delincuentes no vuelvan a estar en las calles para seguir delinquiendo. 

 Desde una perspectiva filosófica, un joven de 14 años es absolutamente consciente de sus actos, y sabe discernir el bien del mal. ¿Cuál es la diferencia entre un asaltante y/o asesino de 14 años y uno de 16 o 18 años? Ninguna. Sus actos merecen ser condenados al igual que un adulto. De ser necesario, la edad de imputabilidad debería bajarse hasta 12 años. 

 No se debe caer en el error de la demagogia punitiva y creer que el problema se encuentra resuelto con el régimen penal juvenil: se debe seguir trabajando a partir de un enfoque integral, y atacar las causas primarias de por qué hay chicos que terminan en la droga y la delincuencia. Además, es menester invertir en el sistema penitenciario para lograr pabellones en condiciones para los nuevos detenidos juveniles. Se habla de demagogia punitiva porque a pesar de haber penas más duras como reclama gran parte de la sociedad, un delincuente no dejará de serlo por el hecho de que pase más años detenido. La destrucción del tejido social seguirá formando nuevos delincuentes, pero con penas más ajustadas al daño ocasionado por el delito se logra que el mismo delincuente no se encuentre fácilmente en situación de libertad y recaiga en la reincidencia. En parte, hay jueces abolicionistas que no se esfuerzan demasiado por no liberar malandras, y eso se debe en gran parte al adoctrinamiento universitario. Pero también es cierto que un magistrado debe interpretar y resolver sobre la ley existente, y esta no permitía inputar a menores de 14 y 15 años.

 En estos casos, la familia como institución moral no cumple el rol que debería: cuando un juez libera a un chico que por su edad es inimputable, lo devuelve a una familia que no funciona como tal. No les inculcan valores y normas para vivir pacíficamente en sociedad. El Estado no puede estar ausente y no dar respuesta. 

 Las leyes deben adaptarse al correr de los tiempos: cuando se creó el código penal, en el año 1922, probablemente no había chicos de 14 años delinquiendo. Así como tampoco existía el ciberdelito como práctica delictiva. Si las legislaciones no están dando respuesta a los problemas que nos aquejan, ameritan ser reformadas para dar así soluciones al contexto contemporáneo.  

 La demagogia punitiva lleva a conclusiones equivocadas. Pero la demagogia delictiva ha bañado nuestras calles de sangre: el menor que delinque no es una víctima de la sociedad. La víctima de la sociedad es aquel que es asesinado y sufre el delito. En una sociedad anómica y sin penas para los delincuentes, sean de la edad que sean, la violencia se vuelve imposible de combatir. 

Tomás Racki. Politólogo. Diplomado en Seguridad Ciudadana.

Opinión: Latinoamérica debe ser un bastión pro-occidental

Al igual que muchas dictaduras, la de Maduro terminó mal. Millones de venezolanos salieron a festejar en la diáspora.

                                        

En el año 2005, hace más de 10 años, se celebró la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, evento que reunió a los jefes de estado de Latinoamérica y el Caribe, y a George Bush, presidente de los Estados Unidos. Se discutía la posibilidad de crear el ALCA, un área de libre comercio entre el gigante norteamericano y el resto del continente. Era una época de pleno auge de los socialismos del siglo XXI, y Chávez, líder venezolano y vanguardia de esta nueva tendencia, dinamitó todo avance del acuerdo con su famosa frase: "ALCA, ALCA, al carajo". 

 Hoy, muchas cosas han cambiado desde aquel entonces: Milei, que derrotó al kirchnerismo, firmó un acuerdo de libre comercio histórico con Estados Unidos; hay muchos líderes pro-mercado en la región; y las dictaduras venezolanas y cubanas ya no resisten el rechazo de sus propios pueblos. Los socialismos del siglo XXI, en contraposición hacia los Estados Unidos, le han abierto las puertas del continente a China y Rusia; y Venezuela, donde la destrucción de la economía capitalista y la democracia llegó al clímax, se convirtió en la sucursal del terrorismo iraní en Sudamérica. En muchos países, las elecciones hacen girar a los gobiernos entre la izquierda y la derecha. Pero donde el régimen democrático ha sido reemplazado por una autocracia con apariencia legal, la fuerza bruta ya es la norma que rige el poder. 

 La captura de Maduro es, para la izquierda latinoamericana, una violación al derecho internacional. Este último promueve las normas de la diplomacia para resolver los conflictos. Sin embargo, ¿qué diplomacia puede establecerse con un dictador como Maduro? El dictador venezolano ha roto con cualquier canal de diálogo dentro de su país, en un proceso que ya lleva décadas en donde el régimen ha destruido las instituciones de la democracia a partir de persecuciones, detenciones ilegales, torturas, fraudes electorales. 

 A pesar de ejercer una tiranía cruel y sanguinaria, la objeción viene a causa de que sea Estados Unidos el que intervenga en territorio venezolano, ya que indigna que el "imperio" se inmiscuya en el mundo sub-desarrollado. El argumento por el respeto a la soberanía de cada pueblo es muy objetable, ya que la soberanía del pueblo venezolano fue violada por sus propios gobernantes. A su vez, Estados Unidos tenía motivos de sobra no para involucrarse, porque ya existían perjuicios que el régimen chavista estaba causando a los estadounidenses, sino para tomar una resolución. Es decir, no hay una intervención externa, sino la resolución de un conflicto pre-existente a la captura de Maduro:

 1) El gobierno de Venezuela, que conforma el Cartel de los Soles, exportaba en forma clandestina toneladas de droga hacia Estados Unidos. Esta información fue investigada por organizaciones prestigiosas como Insight Crime. Existía una simbiosis entre el crimen organizado y la cúpula militar venezolana.

 2) El régimen chavista cooperaba con organizaciones narcoterroristas como las FARC, en la frontera con Colombia, vinculada a grandes cárteles del narcotráfico.

 3) Muchos capitales estadounidenses en Venezuela fueron confiscados por el chavismo.

 4) Venezuela era un aliado estratégico de Irán en América Latina. Por lo tanto, Argentina, hoy gran aliado de los Estados Unidos, tenía muchas razones para apoyar el operativo luego de sufrir dos atentados terroristas en suelo argentino. Por si fuera poco, Nahuel Gallo, ciudadano argentino, fue detenido ilegalmente por el gobierno venezolano al igual que muchos otros presos políticos. 

 No es que el liberalismo haya fracasado ante el realismo, doctrina que defiende la postura en la cual todos son probables enemigos, impera el temor y gana quien golpea más fuerte. ¿Dónde está el conflicto entre las democracias liberales? No hay ningún conflicto entre Argentina y Chile, entre Brasil y Uruguay, entre Alemania y Reino Unido, entre Japón y Corea del Sur. El conflicto surge cuando hay países sumamente autoritarios, como el desatado por Rusia frente a Ucrania, el de China ante sus pretensiones sobre Taiwán. Maduro no tendría pedidos de captura si no tendría espurios negocios con el narcotráfico, y si no habría desbastado la democracia en Caracas con fuertes violaciones a los derechos humanos. Tal es la diferencia entre el mundo republicano-liberal y los autoritarismos, que hasta los criminales son tratados de forma distinta: Maduro, en las cárceles estadounidenses, será tratado mucho mejor que los detenidos políticos en el Helicoide; así como en Israel, única democracia de medio oriente, hasta los criminales más perversos tienen derechos cuando están detenidos. 

 Este mundo imprevisible y sin reglas claras no es generado por los países que promueven el liberalismo, sino por las dictaduras y sus siniestros objetivos y pretensiones. Estados Unidos va mucho más allá de Trump: es hace décadas el país que más combate el terrorismo en todo el mundo, y el único del continente con capacidad para desmantelar el narco-estado chavista. 

 Sin dudas Venezuela es la peor expresión del socialismo del siglo XXI: ha accedido al poder por medio de elecciones, y ha dinamitado la democracia desde adentro, a partir de la violencia y cuantiosos negocios con el narcotráfico. No se trata solamente del negocio del petróleo (donde en Venezuela la infraestructura está destruida y llevará años reactivarla), sino del negocio del narcotráfico. Suele generarse mucha indignación cuando los "imperialismos" hacen inversiones genuinas en los recursos naturales de países más pobres, pero la indignación no aparece cuando hay narcotraficantes que hacen fortunas incalculables cometiendo crímenes. 

 Así como Chávez mandó "al carajo" al libre comercio, hoy el giro ideológico en América Latina debe enviar "al carajo" al socialismo del siglo XXI.  Es entre democracia y tiranía, entre capitalismo o socialismo, entre negocios que hacen progresar a las sociedades o el narcotráfico que las arruina. Es, en definitiva, entre la libertad cuyas bases sembraron la cultura occidental con las que se formaron los países del continente americano, o el colectivismo totalitario. 

Tomás Racki. Politólogo. Diplomado en Seguridad Ciudadana.

Opinión: Los desafíos de la derecha de cara al 2026

Mientras Bukele en El Salvador goza de altos índices de imagen positiva gracias a su política de seguridad, Bolsonaro en Brasil está condenado y detenido por participar de un intento de golpe de Estado.

Cuando parecía que América Latina giraba nuevamente a la izquierda luego de los triunfos de Lula en Brasil, de Boric en Chile, del Frente Amplio en Uruguay, y de Petro en Colombia, las últimas elecciones acontecidas en Bolivia, Honduras, Ecuador, y por supuesto, las de 2023 en Argentina, representan un re-equilibramiento del contexto político continental. Si no fuera por el fraude electoral y el régimen autoritario, en Venezuela el chavismo ya estaría fuera del poder. 

 En lo que va del siglo XXI, la izquierda ha sabido construir una narrativa a partir de los buenos precios internacionales de las commodities y su consecuente despegue económico para muchos países de América Latina y Sudamérica en particular. Acompañadas de políticas de carácter redistributivo, como la AUH en Argentina o la Bolsa de Familia en Brasil, en el imaginario popular se ha encuadrado a las izquierdas de los "socialismos del siglo XXI" como efectivas para combatir la pobreza. Sin embargo, este tipo de modelos corto-placistas, y considerados por muchos académicos como populistas, se han agotado junto con el fin de un contexto comercial-internacional favorable. La idea de que la izquierda en sus distintas versiones había logrado el crecimiento económico y la reducción de las tasas de pobreza en América Latina culminó en crisis económicas, y en muchos casos acompañados de causas de corrupción escandalosas, en Argentina, Brasil, Bolivia, y en Venezuela en su máxima expresión. 

 Por lo tanto, la derecha se enfrenta tanto al desafío de lograr, por un lado, gobiernos transparentes, libres de la corrupción de Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa o Lula. Por otra parte, los gobiernos de las nuevas derechas deben ser capaces de demostrar que es posible lograr el crecimiento económico achicando el Estado, tal como dice la famosa frase: tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Mientras el primer objetivo sigue siendo un desafío incompleto, dada la condena de Bolsonaro en Brasil y escándalos de corrupción en gobiernos del Perú de todas las ideologías, el ejemplo de Javier Milei en Argentina demuestra que, realizando un ajuste en el sector público, la economía crece a tasas del 5% anual y sin el boom de los precios de las commodities de los que gozaron las izquierdas del continente en la primera década del siglo.

 Sin embargo, hay un tercer desafío, y probablemente el de mayor dificultad y peligrosidad: el crecimiento de la inseguridad y el crimen organizado. América Latina, más allá de limitadas guerras que han existido entre algunos de sus países miembros, es un ejemplo de convivencia pacífica y hermandad entre sus pueblos, sin riesgo de conflictos bélicos en el presente siglo. No obstante, hoy el mundo no se ve azotado únicamente por las guerras convencionales, sino por guerras que son atípicas en la historia pasada: el poderío de grupos de crimen organizado vuelve a estos actores como grupos beligerantes no estatales. Estos últimos desafían permanentemente el control y monopolio de la fuerza estatal: tienen no solo poderío armamentístico, sino también control de territorios donde el Estado ya no tiene capacidad de aplicar la ley. Así es como contemplamos escenas de guerra en Río de Janeiro, donde el Primer Comando Capital opera incluso en otros países, como si fuera una poderosa empresa multinacional.

 Se ha popularizado por parte de muchos líderes políticos el término de "narco-terrorismo". Si bien no hay una definición unívoca de lo que es el terrorismo, hay un consenso generalizado en torno a que este implica actos de violencia altisonantes que siembran terror con fines políticos determinados. Por otra parte, el crimen organizado se define como actividades ilegales en el suministro de bienes o servicios prohibidos por parte de organizaciones jerárquicamente estructuradas y con fines de lucro. Combinando ambas definiciones, no es descabellado considerar la criminalidad del narcotráfico como una forma de terrorismo, teniendo en cuenta que sus crímenes penetran tanto en la dimensión económica como política. 

 Mientras que los modelos económicos de la izquierda han sucumbido, no puede dejar de resaltarse que su fracaso en los índices de inseguridad también es rimbombante. Representada en la doctrina de Eugenio Zaffaroni en Argentina, las ideas del abolicionismo que consideran al delincuente como una víctima del sistema, donde las detenciones de delincuentes de estratos sociales bajos esquematizan la reproducción de una estructura socio-económica opresora para las personas de bajos recursos, han sido un verdadero fracaso tanto a la hora de combatir el delito común como el crimen organizado. Si bien la situación socio-económica tiene influencia en el delito, no es el único factor interviniente: de ser así, entonces la delincuencia aumentaría cuando hay una recesión económica, y disminuiría cuando la economía crece. Esto último está lejos de ser así. En este fracaso frente al desafío de la inseguridad que vuelve a América Latina una de las regiones más violentas del mundo, la derecha tiene la oportunidad de tomar la delantera y enarbolar la bandera del orden público. 

 El plan de tolerancia cero contra las maras de Bukele en El Salvador convirtió a este país en uno de los más seguros del continente, declinando los índices de inseguridad de forma escandalosa. No obstante, se deben entrenar a las fuerzas de seguridad acorde a las amenazas locales de cada país, con tácticas adaptables a las geografías y circunstancias, y además de contemplar la cuestión penal, prevenir el delito fortaleciendo los vínculos comunitarios y la efectividad de las respuestas a nivel institucional. El crimen del narcotráfico se explica no solo por la oferta sino también por la demanda de las sustancias ilícitas. La legalización de la marihuana para su consumo recreativo en el Uruguay no ha ayudado en lo absoluto a combatir la criminalidad y los factores de riesgo que llevan a la delincuencia. La inseguridad, atacada desde el punto de vista inter-disciplinario y en todas sus dimensiones, es hoy un objetivo tan importante como el económico en un continente que sufre guerras no convencionales.

Tomás Racki. Politólogo. Diplomado en Seguridad Ciudadana.