Las críticas de Echeverría al centralismo de Rosas resuenan muy fuertemente en momentos donde la autonomía porteña se encuentra comprometida, frente a los avances de un Poder Ejecutivo Nacional que quiere hacerse con poderes excepcionales ante la situación acuciante de la crisis sanitaria. El Presidente de la República manifestó en uno de sus anuncios de nuevas restricciones que la Ciudad de Buenos Aires era la capital de todos los argentinos, y por eso se iba a solicitar la acción de las fuerzas federales para hacer cumplir las restricciones, lo cual luego no fue cumplido, ya que hubiera significado un avasallamiento del poder nacional sobre una provincia (la Ciudad tiene el rango de una, por lo que su definición como provincia o capital autónoma es tan solo una cuestión de nomenclatura) ejerciendo una intromisión en sus asuntos locales, como son la administración de la salud, la educación, y la actividad económica.
El poder, y toda acción relativa a la dominación, siempre se basa en una determinada legitimidad, y si entendemos a la Argentina como un Estado de Derecho (tal como siempre le gusta recordar al Presidente Fernández), republicano y federal, el poder se legitima de acuerdo a lo dictado por la Constitución Nacional, por medio de la cual se protege a los ciudadanos de todo abuso de poder al mismo tiempo que a través de dicha norma, estos deben aceptar el gobierno elegido democráticamente por la mayoría. Es decir, en una democracia que obedece a su Constitución Nacional no hay lugar para golpes de estado que interrumpan gobiernos instituidos legítimamente ni gobiernos que puedan pasar por encima a la carta magna; de lo contrario en ambos casos se estaría ante un derrumbamiento del orden constitucional. Y tal como lo dicta el fallo de la Corte Suprema de Justicia, las cuestiones vinculadas a la educación tienen que ver con la administración de la Ciudad, y su autonomía no puede ser vulnerada. ¿Bajo qué legitimidad el Presidente dicta un DNU sobre la educación y otras cuestiones de la Ciudad sin siquiera consultarle al Jefe de Gobierno porteño, quien es el encargado de administrar y gobernar el territorio para el que fue elegido?¿Con qué autenticidad el Presidente afirma que sus decisiones no tienen que ver con una especulación política y tan solo se basan en un asunto sanitario, cuando inventa una jurisdicción inexistente (el AMBA), estando en ella incluída la provincia que siempre al kirchnerismo le es adversa?
Las advertencias a no cometer rebeliones que violen las restricciones bajo el motivo del respeto a la ley, y las posteriores diatribas hacia la Justicia hablan de la encrucijada en la que Alberto Fernández se encuentra inmerso frente al proyecto autocrático de su espacio político: habiendo perdido su identidad, intenta aparentar ser un hombre respetuoso del Derecho mientras dicta decretos inconstitucionales y luego parece importarle poco y nada lo que diga la Constitución Nacional y los fallos de la Corte. Los antecedentes de De La Rúa y Macri como presidentes luego de haber gobernado la Ciudad proyectan a Larreta inevitablemente como futuro candidato de la oposición: si el kirchnerismo tiene aspiraciones autocráticas, no le importará en lo absoluto aprovecharse de una situación de crisis para hegemonizar el poder y destruír las instituciones, si para desgastar a la oposición es necesario hacerlo. Y si para lograr dicho objetivo se debe crear un relato en donde el Poder Judicial no se dedica a hacer cumplir la ley sino que es un poder golpista instalado por las corporaciones para deslegitimar a gobiernos populares, pues el relato ya está en marcha.
Los decretos de Alberto Fernández, además de no estar legitimados en el Derecho, ya que violan las autonomías propias del federalismo, tampoco se legitiman en la ciencia: la estadística marca que los contagios no se producen ni en las escuelas, ni en los gimnasios, ni en los restaurantes, ni en la gente que viaja en su propio auto para ir a descansar un fin de semana; por el contrario, dichas medidas no aportan soluciones y sí están provocando catástrofes, sobre todo en los niños, siendo esto advertido por organizaciones internacionales. La política autoritaria y fuera de control juega al límite: si el Presidente le quita libertades a la gente, pisoteando a la Ciudad y la CN, y además tampoco hay argumentos científicos que justifiquen la medida, ¿Qué garantías hay de que se crea en la legitimidad del Presidente y no se genere un estado de anomia?
Alejar la política de los asuntos locales y concentrar el poder lleva a la tiranía: bajo esos términos, con un poder federal omnipresente y Estados o Provincias acéfalos de autonomía probablemente nunca se hubiesen conformado los Estados Unidos de América, ni se hubiera declarado la Constitución Nacional de 1853 en la Argentina. Esteban Echeverría probablemente estaría decepcionado si viera que su patria no pudo aplicar los principios de la Asociación de Mayo y que el poder vuelve a concentrarse bajo una figura personalista sin contemplación de la división de poderes y de la necesidad democrática de cercanía entre el ciudadano y sus cuestiones jurisdiccionales. Posiblemente diría que, si el Presidente no cumple con la Constitución, que Dios y la patria se lo demanden.
