Opinión: El nuevo régimen penal juvenil y la demagogia

La subcultura tumbera del "choreo" aleja a los chicos de la escuela y el deporte para adentrarlos en el mundo de la marginalidad.

Dentro del paquete de reformas tratado en el Congreso de la Nación, se destacan reformas importantes que al aplicarse tendrán beneficios extendidos para todos los argentinos, como la reforma laboral, el tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea, y la reforma del código penal. 

 Esta última reforma, que reduce la edad mínima de imputabilidad a los 14 años, es un paso importante y fundamental para lograr la paz social que los argentinos nos merecemos. En primer lugar, cabe destacar acerca de la demagogia punitiva: ésta hace referencia a la idea errónea de que con penas más duras se solucionan los problemas de inseguridad. No deja de ser cierto que la complejidad del asunto no pasa únicamente por detener a más personas. Hay un amplio espectro de problemas a detectar y profundizar como lo son la socialización de personas en entornos vulnerables, donde se vuelven fundamentales el rol de las familias, escuelas, clubes y oportunidades en los barrios; la eficiencia y capacidad de acción de la institución policial; y la prevención basada en el acondicionamiento apropiado del espacio público para que este no se convierta en sótanos de la delincuencia. La prevención del delito es lo que ataca sus causas originarias. No obstante, sin caer en la demagogia punitiva, hemos caído en otro tipo de demagogia: la delictiva. 

 Así como la izquierda se ha arraigado culturalmente en escuelas, universidades, sindicatos, y hasta en el lenguaje (con el mal llamado lenguaje "inclusivo"), hace años que caló hondo en la justicia la idea de que el delincuente es una víctima de la sociedad. Y pareciera ser que ser popular es empatizar con las subculturas violentas. En uno de los gobiernos del kirchnerismo, hasta hemos visto en Plaza de Mayo a bandas musicales invitadas por el gobierno de aquel entonces para escuchar murgas y canciones que hacen apologías del delito. Esto último puede parecer algo banal, pero no lo es.

 Desde el punto de vista de la política criminal, poder condenar a menores de 14 y 15 años que salen a robar y matar ejerce un efecto preventivo: que los jueces tengan ahora mayores herramientas legales para no liberarlos implica que a las pocas horas esos mismos delincuentes no vuelvan a estar en las calles para seguir delinquiendo. 

 Desde una perspectiva filosófica, un joven de 14 años es absolutamente consciente de sus actos, y sabe discernir el bien del mal. ¿Cuál es la diferencia entre un asaltante y/o asesino de 14 años y uno de 16 o 18 años? Ninguna. Sus actos merecen ser condenados al igual que un adulto. De ser necesario, la edad de imputabilidad debería bajarse hasta 12 años. 

 No se debe caer en el error de la demagogia punitiva y creer que el problema se encuentra resuelto con el régimen penal juvenil: se debe seguir trabajando a partir de un enfoque integral, y atacar las causas primarias de por qué hay chicos que terminan en la droga y la delincuencia. Además, es menester invertir en el sistema penitenciario para lograr pabellones en condiciones para los nuevos detenidos juveniles. Se habla de demagogia punitiva porque a pesar de haber penas más duras como reclama gran parte de la sociedad, un delincuente no dejará de serlo por el hecho de que pase más años detenido. La destrucción del tejido social seguirá formando nuevos delincuentes, pero con penas más ajustadas al daño ocasionado por el delito se logra que el mismo delincuente no se encuentre fácilmente en situación de libertad y recaiga en la reincidencia. En parte, hay jueces abolicionistas que no se esfuerzan demasiado por no liberar malandras, y eso se debe en gran parte al adoctrinamiento universitario. Pero también es cierto que un magistrado debe interpretar y resolver sobre la ley existente, y esta no permitía inputar a menores de 14 y 15 años.

 En estos casos, la familia como institución moral no cumple el rol que debería: cuando un juez libera a un chico que por su edad es inimputable, lo devuelve a una familia que no funciona como tal. No les inculcan valores y normas para vivir pacíficamente en sociedad. El Estado no puede estar ausente y no dar respuesta. 

 Las leyes deben adaptarse al correr de los tiempos: cuando se creó el código penal, en el año 1922, probablemente no había chicos de 14 años delinquiendo. Así como tampoco existía el ciberdelito como práctica delictiva. Si las legislaciones no están dando respuesta a los problemas que nos aquejan, ameritan ser reformadas para dar así soluciones al contexto contemporáneo.  

 La demagogia punitiva lleva a conclusiones equivocadas. Pero la demagogia delictiva ha bañado nuestras calles de sangre: el menor que delinque no es una víctima de la sociedad. La víctima de la sociedad es aquel que es asesinado y sufre el delito. En una sociedad anómica y sin penas para los delincuentes, sean de la edad que sean, la violencia se vuelve imposible de combatir. 

Tomás Racki. Politólogo. Diplomado en Seguridad Ciudadana.

Opinión: Latinoamérica debe ser un bastión pro-occidental

Al igual que muchas dictaduras, la de Maduro terminó mal. Millones de venezolanos salieron a festejar en la diáspora.

                                        

En el año 2005, hace más de 10 años, se celebró la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, evento que reunió a los jefes de estado de Latinoamérica y el Caribe, y a George Bush, presidente de los Estados Unidos. Se discutía la posibilidad de crear el ALCA, un área de libre comercio entre el gigante norteamericano y el resto del continente. Era una época de pleno auge de los socialismos del siglo XXI, y Chávez, líder venezolano y vanguardia de esta nueva tendencia, dinamitó todo avance del acuerdo con su famosa frase: "ALCA, ALCA, al carajo". 

 Hoy, muchas cosas han cambiado desde aquel entonces: Milei, que derrotó al kirchnerismo, firmó un acuerdo de libre comercio histórico con Estados Unidos; hay muchos líderes pro-mercado en la región; y las dictaduras venezolanas y cubanas ya no resisten el rechazo de sus propios pueblos. Los socialismos del siglo XXI, en contraposición hacia los Estados Unidos, le han abierto las puertas del continente a China y Rusia; y Venezuela, donde la destrucción de la economía capitalista y la democracia llegó al clímax, se convirtió en la sucursal del terrorismo iraní en Sudamérica. En muchos países, las elecciones hacen girar a los gobiernos entre la izquierda y la derecha. Pero donde el régimen democrático ha sido reemplazado por una autocracia con apariencia legal, la fuerza bruta ya es la norma que rige el poder. 

 La captura de Maduro es, para la izquierda latinoamericana, una violación al derecho internacional. Este último promueve las normas de la diplomacia para resolver los conflictos. Sin embargo, ¿qué diplomacia puede establecerse con un dictador como Maduro? El dictador venezolano ha roto con cualquier canal de diálogo dentro de su país, en un proceso que ya lleva décadas en donde el régimen ha destruido las instituciones de la democracia a partir de persecuciones, detenciones ilegales, torturas, fraudes electorales. 

 A pesar de ejercer una tiranía cruel y sanguinaria, la objeción viene a causa de que sea Estados Unidos el que intervenga en territorio venezolano, ya que indigna que el "imperio" se inmiscuya en el mundo sub-desarrollado. El argumento por el respeto a la soberanía de cada pueblo es muy objetable, ya que la soberanía del pueblo venezolano fue violada por sus propios gobernantes. A su vez, Estados Unidos tenía motivos de sobra no para involucrarse, porque ya existían perjuicios que el régimen chavista estaba causando a los estadounidenses, sino para tomar una resolución. Es decir, no hay una intervención externa, sino la resolución de un conflicto pre-existente a la captura de Maduro:

 1) El gobierno de Venezuela, que conforma el Cartel de los Soles, exportaba en forma clandestina toneladas de droga hacia Estados Unidos. Esta información fue investigada por organizaciones prestigiosas como Insight Crime. Existía una simbiosis entre el crimen organizado y la cúpula militar venezolana.

 2) El régimen chavista cooperaba con organizaciones narcoterroristas como las FARC, en la frontera con Colombia, vinculada a grandes cárteles del narcotráfico.

 3) Muchos capitales estadounidenses en Venezuela fueron confiscados por el chavismo.

 4) Venezuela era un aliado estratégico de Irán en América Latina. Por lo tanto, Argentina, hoy gran aliado de los Estados Unidos, tenía muchas razones para apoyar el operativo luego de sufrir dos atentados terroristas en suelo argentino. Por si fuera poco, Nahuel Gallo, ciudadano argentino, fue detenido ilegalmente por el gobierno venezolano al igual que muchos otros presos políticos. 

 No es que el liberalismo haya fracasado ante el realismo, doctrina que defiende la postura en la cual todos son probables enemigos, impera el temor y gana quien golpea más fuerte. ¿Dónde está el conflicto entre las democracias liberales? No hay ningún conflicto entre Argentina y Chile, entre Brasil y Uruguay, entre Alemania y Reino Unido, entre Japón y Corea del Sur. El conflicto surge cuando hay países sumamente autoritarios, como el desatado por Rusia frente a Ucrania, el de China ante sus pretensiones sobre Taiwán. Maduro no tendría pedidos de captura si no tendría espurios negocios con el narcotráfico, y si no habría desbastado la democracia en Caracas con fuertes violaciones a los derechos humanos. Tal es la diferencia entre el mundo republicano-liberal y los autoritarismos, que hasta los criminales son tratados de forma distinta: Maduro, en las cárceles estadounidenses, será tratado mucho mejor que los detenidos políticos en el Helicoide; así como en Israel, única democracia de medio oriente, hasta los criminales más perversos tienen derechos cuando están detenidos. 

 Este mundo imprevisible y sin reglas claras no es generado por los países que promueven el liberalismo, sino por las dictaduras y sus siniestros objetivos y pretensiones. Estados Unidos va mucho más allá de Trump: es hace décadas el país que más combate el terrorismo en todo el mundo, y el único del continente con capacidad para desmantelar el narco-estado chavista. 

 Sin dudas Venezuela es la peor expresión del socialismo del siglo XXI: ha accedido al poder por medio de elecciones, y ha dinamitado la democracia desde adentro, a partir de la violencia y cuantiosos negocios con el narcotráfico. No se trata solamente del negocio del petróleo (donde en Venezuela la infraestructura está destruida y llevará años reactivarla), sino del negocio del narcotráfico. Suele generarse mucha indignación cuando los "imperialismos" hacen inversiones genuinas en los recursos naturales de países más pobres, pero la indignación no aparece cuando hay narcotraficantes que hacen fortunas incalculables cometiendo crímenes. 

 Así como Chávez mandó "al carajo" al libre comercio, hoy el giro ideológico en América Latina debe enviar "al carajo" al socialismo del siglo XXI.  Es entre democracia y tiranía, entre capitalismo o socialismo, entre negocios que hacen progresar a las sociedades o el narcotráfico que las arruina. Es, en definitiva, entre la libertad cuyas bases sembraron la cultura occidental con las que se formaron los países del continente americano, o el colectivismo totalitario. 

Tomás Racki. Politólogo. Diplomado en Seguridad Ciudadana.