EL 17 DE AGOSTO: EL PEDIDO POR UN PAIS LIBRE Y REPUBLICANO

El 17 de octubre de 1945 miles de personas fueron a la Plaza de Mayo en apoyo a la liberación de un líder que supo cómo persuadir a las masas: durante esa época la radio era un gran instrumento utilizado por la política, y sobre todo por líderes carismáticos que hacían un culto al personalismo. La historia demostraría que el culto a un líder suele terminar avasallando los derechos individuales, como fue el caso del general Perón, quien en aquel 17 de octubre habría logrado dar comienzo al movimiento peronista y legitimar la continuidad de un gobierno de facto y autoritario por medio de las elecciones que lo darían como ganador frente a la Unión Democrática. 

 El 17 de agosto de 2020 se dio en toda la Argentina un reclamo espontáneo y auto-convocado por la gente, con las redes sociales como principal instrumento de convocatoria (ahora a la radio solo le tocaría relatar lo que ocurre, sin ser el principal mecanismo transformador de la realidad), y con la consigna de reclamar por la libertad de los mismos participantes, sin ser guiados por ningún tipo de líder. Es el repudio a los políticos tradicionales lo que moviliza a la gente, que quiere ser la protagonista de la historia y no limitarse a esperar a que sus representantes elegidos por medio del voto actúen por ellos. 

 En este 17, pero de agosto, y del 2020, en memoria de otro general, el que hizo un culto a la libertad, el General José de San Martín, libertador de las guerras de la independencia, distintos mensajes hicieron eco del hartazgo social hacia una clase política que le arrebató a la ciudadanía esa libertad reclamada. Sin centralizarse en un foco homogéneo de reclamos, y de forma pacífica y con los cuidados necesarios en el contexto de la pandemia, las manifestaciones en distintos puntos del país fueron con distintos objetivos: no a la reforma judicial; no a la caída estrepitosa de la economía; no al cierre de escuelas; no a la inseguridad; no al atropello de las instituciones y una cuarentena eterna e injustificada. 

 Después de ver por las noticias las desapariciones y asesinatos de civiles por parte de la policía a causa del simple hecho de no cumplir con el confinamiento, una gran parte de la sociedad canalizó en la convocatoria una forma de expresar un mensaje: ese mensaje es que la sociedad no va a dejar que se pierdan sus derechos tan fácilmente; que no se tolera ser perseguido por las fuerzas de seguridad por pasear un perro o salir a remar en un bote, mientras la vicepresidente avanza con una ley que viola la independencia del poder judicial: como diría Jean Jacques Rousseau, el padre del Contrato Social, una ley debe emanar de la voluntad general, teniendo como fin un objetivo general, porque el único bien existente en un pacto social es el bien común, y cuando las voluntades particulares se distancian de la voluntad general y apuntan a objetivos individuales, la ley pierde la fuerza del pacto que la hace posible. La reforma judicial impulsada por el oficialismo tiene un costo económico totalmente irracional de pagar; beneficia únicamente al kirchnerismo ampliando la cantidad de jueces federales para nombrar magistrados afines al poder y no afecta en lo más mínimo las deudas que tiene la justicia con la sociedad (entre ellas, castigar en forma debida a los delincuentes). La única beneficiada con la reforma es la vicepresidente: la ley no tiene nada que ver con la voluntad general, sino con una voluntad totalmente individual. 

 En un contexto de pérdida de las libertades, el virus es una gran herramienta política para los gobernantes: resulta ser una gran oportunidad para negarle a la gente el derecho de salir y manifestarse, utilizando el recurso de la muerte con la complicidad de muchos infectológos, que ven en la opción de encerrarse una solución maestra, en vez de optar por la responsabilidad ciudadana, el cuidado individual y una cuarentena inteligente para los grupos de riesgo. En años anteriores la ocupación de camas de terapia intensiva estuvieron en un nivel similar; cerca de 30.000 personas mueren por año en la Argentina a causa de neumonía y gripe; millones de personas mueren por año en todo el planeta producto del cáncer; y así podrían nombrarse otras causas de mortalidad iguales o más letales que el coronavirus. Sin embargo, las cifras de la actual pandemia son utilizadas para sembrar el terror e instalar la idea de que todo lo que ocurre es por el bien de la salud. 

 Utilizar las cifras de muertos por el coronavirus se volvió una estrategia política de control social, ejerciendo el control sobre las actividades y horarios de las personas, ignorando las graves consecuencias que la cuarentena trae para otros asuntos vinculados a la salud, además de provocar una catástrofe económica y educativa. 

 A pesar de los pésimos resultados educativos de la Argentina en cada año transcurrido, en todo el 2020 se han mantenido las escuelas cerradas sin ningún intento por aplicar protocolos, lo cual refleja el escenario que se ilustra en este entramado oscuro de la cima del poder: la gente encerrada, sin poder trabajar, con más de la mitad de la población dependiendo del empleo público y subsidios del Estado, y por si fuera poco, un pueblo poco educado. Una proyección a futuro que le da al kirchnerismo un escenario perfecto para pauperizar a la sociedad y salir impune de todas las causas de corrupción. 

 Pero si la gente se manifestó sin un portavoz, es porque la oposición tampoco ejerce un contrapeso suficiente: Rodríguez Larreta ha sido partícipe de cada violación de los derechos y garantías constitucionales, incluso discriminando a los adultos mayores en la Ciudad de Buenos Aires, dictando un decreto que prohibía su circulación por el único "pecado" de ser gente mayor, de forma totalmente arbitraria y sin razonabilidad legal. No es exagerado afirmar que desde el 18 de marzo se produjo un auto-golpe de Estado, usurpando desde el poder ejecutivo nacional a los demás poderes y violando la Constitución Nacional: el presidente dicta decretos a gusto del poder; el poder legislativo se reúne por videoconferencia sin participar ni debatir sobre la pertinencia de la restricción de las libertades; y el poder judicial no funciona más allá de haber fallado en contra de la intervención de Vicentín, no hay un juez que dicte la inconstitucionalidad de los decretos presidenciales que incumplen con el artículo 14 de la ley suprema, y este poder corre el peligro de ser reformado. La utilización dialéctica de la medicina y la amenaza de un virus no pueden ser motivo para la implantación de un gobierno de facto en un país que desea ser libre. Si en el peor momento de la pandemia se empiezan a permitir actividades que antes permanecieron prohibidas con un menor número de casos se debe a dos motivos: nunca debieron haber estado prohibidas, y los que tienen el poder hacen con la libertad de la gente lo que se les antoja, sin ningún control. 

 El virus no sólo trajo una "anormalidad" vinculada a la necesidad de establecer protocolos y cumplir el distanciamiento preventivo junto con todos los cuidados necesarios. La vida completamente anormal que nos toca vivir se asocia también con la criminalización de gente de bien que lo único que desea es salir a trabajar, verse con seres queridos y practicar deportes; donde los asesinatos en medio de abusos policiales producto de no cumplir la cuarentena vislumbran el Estado de Sitio no declarado, es decir, la usurpación ilegal del poder público; mientras que la delincuencia parece ser uno de los trabajos "esenciales" que tienen permiso de circulación. 

 Una sociedad entabla relaciones sociales por medio de un complejo sistema de símbolos que es el lenguaje, y donde muchas veces la clase política ignora que la comunicación no es siempre desde la cúspide gubernamental hacia los representados (con decretos, conferencias de prensa o cadenas nacionales), sino también desde el pueblo hacia el poder: el día de ayer se emitió un mensaje. La sociedad habló, con carteles, expresiones y con su simple presencia y movilización en cada plaza del país, a pesar de que el Presidente haya emitido un decreto que penaliza las reuniones sociales y muchos médicos afines hayan querido asustar con que muchos iban a contagiarse. 

 En este 17 de agosto, en memoria del General José de San Martín se reivindicó la libertad, y se pidió por la verdadera justicia social: no la que le quita a los que supieron generar riqueza honestamente, sino la que es realmente justa: la que debe quitarle la riqueza mal habida a los políticos corruptos para devolvérsela a la gente, la que premie la meritocracia y no a los acomodados en el Estado que ganan sueldos irrisorios, como Zaffaroni cobrando 800.000 pesos de jubilación; ex presidentes y vicepresidentes cobrando pensiones millonarias; y prácticas de nepotismo donde un chico de 20 años que da una imagen patética de aberración del lenguaje gana 180.000 pesos (véase la conferencia donde un funcionario de tal edad dice "les pibis"). Los ideales no fueron los de una "independencia económica" que nos aleja del mundo y amenaza con expropiar empresas, sino los de una independencia de poderes, donde se respete al ciudadano, porque como diría el prócer, "seamos libres que lo demás no importa nada".