EL FRACASO DEL ESTADO, EL TRIUNFO DE LA DELINCUENCIA

En un país en cuarentena, donde se debe tener permiso para circular, donde la libertad es un bien escaso, los delincuentes afloran en cada calle y suburbio del conurbano. El monopolio de la fuerza coercitiva del Estado se concentra en que se cumpla el aislamiento social: la policía vigila que se circule con barbijo, con permisos de personal esencial (como si se pudiera decidir qué trabajo, en tiempos de malaria, es prescindible y cuál no), que no se realicen reuniones, mientras la delincuencia no está en cuarentena: crece a medida que cae la actividad económica, con hurtos, torturas, robos y asesinatos donde la policía no alcanza a vigilar. La fuerza policial es ejercida sobre el trabajador, sobre el que debe trasladarse para ganarse la vida honradamente, mientras el ladrón es liberado con la excusa del coronavirus y posibles contagios en la cárcel, esparciendo el virus del delito por cada rincón de la Argentina. 

 Siguiendo a la filosofía iusnaturalista, la existencia del Estado se explica a partir de la necesidad de los individuos de asociarse para conformar un cuerpo que proteja sus derechos naturales por medio de la ley civil: estos son la vida, principalmente, seguida por la propiedad privada, y la libertad. Debido a la condición defectuosa del hombre para respetar aquellas leyes naturales (arrepentirse de los pecados; pedir perdón; dar las gracias; amar al prójimo como a uno mismo, entre otras) formuladas por la razón natural creada por Dios, que hacen posible la preservación de los derechos naturales, diría Thomas Hobbes, autor del Leviatán, que los hombres entran en un estado de guerra permanente. Para salir de aquel estado de naturaleza, y por lo tanto de guerra, para Hobbes se debe crear el Estado, para garantizar el cumplimiento de los derechos naturales innatos a todo hombre, que existen de forma prevaleciente a cualquier tratado civil. Es el Estado el que por medio de la justicia debe establecer un convenio entre todos los hombres para alcanzar la paz, efectuando el pacto hecho entre los civiles y el soberano mediante leyes, cuyo cumplimiento se garantiza por medio de la jurisprudencia. 

 La falta de justicia, y por lo tanto la inseguridad creciente, son producto del fracaso del Estado. El Estado en sus distintos niveles (nacional, provincial, municipal) ha fracasado en cumplir el principal motivo que compone al pacto social que hace a la soberanía sobre un territorio y su población: el cuidado de los derechos naturales, la vida y la propiedad. Un Estado que no utiliza la justicia para hacer cumplir la ley, sino que la aplica arbitrariamente, descuida la defensa de los ciudadanos y los obliga a ejercer la justicia por mano propia, volviendo al estado de naturaleza del que se debe salir para conformar un Estado. Es tan rotundo el fracaso y la inoperancia estatal, que el hombre debe volver a sus instintos más primitivos, de matar para no ser matado. 

 En distintos pasacalles de la Provincia de Buenos Aires se pueden observar avisos de vecinos organizados, probablemente con armas, que advierten a los delincuentes. Hoy la policía no alcanza (o puede decirse que no funciona, ya que está concentrada en controlar a la gente de trabajo), el Estado está ausente: es la misma gente la que debe actuar, armarse y organizarse para cuidar sus bienes y sus vidas. 

 La ley siempre está objeta a interpretación, y deben ser magistrados idóneos, invita Hobbes, los que deben tener la responsabilidad pública de interpretarla y aplicarla lo mejor posible, para que su literalidad y la asociación de esta con el caso pertinente no se desvíen de su motivación original. El código penal fue diseñado para castigar con el peso de la ley a aquel que ha violado el pacto social y ha infringido un daño, y aquellos jueces y fiscales que lo interpretan de una determinada manera y liberan a asesinos y violadores, o juzgan a vecinos que se defendieron en su legítima defensa, representan la más rancia politización de la justicia en aras de la doctrina zaffaroniana, y no hacen más que desviar la ley de su verdadera propósito: que el Estado proteja el fin en sí mismo de su constitución: la paz social y defensa de sus ciudadanos. 

 Debe entenderse esta "invasión" de jueces mal llamados garantistas, ya que no defienden los derechos y garantías de las víctimas, como una intromisión de la ideología progresista del siglo XXI: este falso progresismo comprende a los criminales como víctimas de un capitalismo salvaje, que delinquen porque el sistema los condenó. Aquella nefasta doctrina multiplica sus seguidores por medio del sistema educativo, ejerciendo un adoctrinamiento que desploma todo pensamiento crítico y aleja a los jóvenes de la cultura del esfuerzo y el sacrificio traída al país por sus abuelos inmigrantes, para acercarlos a la defensa dialéctica de la fauna de los subsidios prebendarios y protección de los delincuentes en favor de la "causa". Aquella ideología que coloniza la educación universitaria queda al descubierto en la alta casa de estudios donde se forman muchos de los abogados que luego son jueces y deben defender la causa pública: en la facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires los movimientos juveniles de izquierda le prohibieron hace unos meses a Sergio Moro, ex juez federal del Brasil, dar una conferencia debido a su rol como juez y luego ministro de justicia de Bolsonaro. En dicha universidad, Zaffaroni es invitado con ánimos y agradecimientos a dictar charlas y conferencias, mientras el pensamiento disidente es lentamente erradicado. 

 Este fracaso de un Estado ausente lleva lentamente a sus ciudadanos de bien desamparados a pensar en nuevos destinos, para llevar la producción y el trabajo a tierras donde realmente se los valore. Creer que  la causa de la delincuencia es el sistema económico es una falta de respeto a la gente humilde que trabaja cada día de su vida con ímpetu y esfuerzo: es esta pobre gente, que debe tomarse colectivos a la madrugada, otros que son jubilados que durante su vida han dado todo por el trabajo, los que terminan sufriendo la inmoralidad de la delincuencia y sus protectores. 

 A la Argentina, además de una gran crisis económica, la asola una gran falta de valores, transmitida por generaciones que nunca han sabido lo que es el estudio y el trabajo, pero que sí se les transmite de padre a hijo la acción de la delincuencia. Los desalmados que utilizan su tiempo para delinquir y no para ganarse la vida dignamente, que invierten en motos, drogas y pistolas para robar, no son ninguna víctima de la sociedad ni del sistema capitalista. Las únicas víctimas son la gente honesta de trabajo, que es asaltada de facto por los delincuentes, y es asaltada, pero de jure, por los políticos que hacen de sus impuestos todo menos garantizar la seguridad, educar en serio para no tener en el futuro generaciones que no saben lo que es ganarse la vida con el trabajo.

 La prioridad del Estado parece ser la reforma judicial para lograr la impunidad, el aborto como una política pública que ponga contenta a toda la generación progre-feminista, pero no invertir en cárceles y en la educación. La atención de los políticos se encuentra en controlar a la gente que desea circular por el suelo argentino, por motivos laborales o por el motivo que sea, e incluso introducirse en la intimidad doméstica de sus habitantes; pero no parece interesarse mucho en controlar a los verdaderos infractores de la ley y el orden. 

 El Estado fracasa hace muchos años y sigue fracasando, por las razones expuestas, y la grieta hoy ya no es política, sino moral: entre aquellos que admiran los escritos de Zaffaroni, y los que desean un país normal, donde se defienda a las víctimas y la justicia sea justicia, porque como dice el tango Cambalache, "... Es lo mismo el que labura, noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley...".