Opinión: Por qué hay que construir más cárceles

Mientras Kicillof vive en una realidad paralela, en las descuidadas calles del conurbano bonaerense los balazos hacen recordar al Far West.

Diferentes exponentes del kirchnerismo nos han acostumbrado a escuchar que se debe tener un "Estado presente". Así es como se ha vivido muchos años soportando cómo agentes estatales se entrometían en asuntos entre privados. Ya sea para controlar precios, expropiar empresas, y, entre otras cuestiones, cómo olvidar cuando durante la pandemia los agentes gubernamentales creyeron que tenían autoridad para decirle a la ciudadanía qué, cómo y cuándo realizar diferentes actividades de la vida diaria. Teniendo en cuenta este tipo de espantos, el "Estado presente" resulta invasivo, violento y autoritario. 

 Sin embargo, cabe preguntarse: ¿Qué es el Estado propiamente dicho? Una de las definiciones de la estatidad por excelencia la da el sociólogo Max Weber, quien define al Estado como el monopolio legítimo de la fuerza. Esto quiere decir que la fuerza coercitiva es lo que hace a que una nación sea un Estado Nacional, ya que sin militares y policías que custodien las fronteras y el orden interior, los estados no tendrían capacidad para hacer cumplir la ley, integrar a su población y mantener su territorio, elementos que dan sentido al sentimiento de pertenencia a una nación. Pero que el monopolio de la fuerza sea legítimo implica que la sociedad lo acepta como tal: la violencia legalizada pertenece al Estado porque este debe repeler amenazas y usar aquella en nombre de la ley, y no para otros motivos. 

 En otras palabras, el Estado como monopolio de la violencia legítima existe para garantizar el orden, y este último comprende a la asociación voluntaria y armoniosa entre los individuos. Sin orden, no hay progreso: en un territorio donde afloran los robos y se hace justicia por mano propia, el progreso se vuelve utópico. Curiosamente, la ideología kirchnerista concibe la utilidad del Estado en asfixiar de impuestos al contribuyente, regalar jubilaciones, transmitir partidos de fútbol por la televisión abierta, perseguir al que compra dólares o piensa distinto a partir de las diferentes estructuras burocráticas estatales, pero no utiliza la fuerza del Estado para los motivos por los cuales este fue concebido: controlar las fronteras, y prevenir y reprimir los delitos acontecidos en zonas donde la policía parece estar ausente. En esto último pisa fuerte el rol de los estados subnacionales, los cuales poseen fuerzas policiales y sistemas de justicia propios. 

 El sistema penitenciario es una herramienta primordial para el principio bien entendido de la estatidad: aquellos infractores del orden que cometen delitos tipificados en el código penal deben ser detenidos en un establecimiento para delincuentes a través de sus respectivas condenas, para así poder garantizar el cumplimiento de la ley en el territorio.

 Una política de Estado seria para la seguridad debe contemplar ambas aristas con símil importancia: la prevención para evitar el delito, y la represión para restablecer el orden una vez que el delito ya fue consumado. El área social es vital a la hora de lograr la prevención a través de una correcta socialización: es menester trabajar para luchar contra subculturas violentas y marginales para que recuperen centralidad símbolos como la familia, la escuela, la religión. Reparar el tejido social destruido probablemente costará mucho tiempo y trabajo. La socialización de muchos jóvenes que salen a delinquir armados (y probablemente bajo los efectos de sustancias prohibidas) ha fracasado, y mientras debe efectuarse empeño para que futuros jóvenes no caigan en ese mismo abismo, las fuerzas coercitivas del Estado tienen el deber legal y moral de detener a los delincuentes que se encuentran libres mientras la gente honesta vive encerrada. Para estos ya no cabe la intención de socializarlos, porque como se ha dicho anteriormente, su socialización ha fracasado. Para los que han caído en la criminalidad se debe trabajar en su re-socialización, también llamada prevención a nivel terciario, y esta tiene lugar en el sistema penitenciario: mientras cumplen su debida condena en la cárcel, el trabajo social debería apuntar a que estas personas que ya han delinquido no vuelvan a hacerlo el día que hayan cumplido con su condena. Para lograrlo, no alcanza con utilizar más tecnología para la prevención y la interceptación del delincuente y que este sea detenido, sino que se precisa tener un sistema penitenciario en condiciones. Actualmente, en la Provincia de Buenos Aires las cárceles presentan sobreocupación, con estimaciones que indican que los reclusos duplican a la capacidad de alojamiento de los penales. A su vez, no puede cumplirse una condena si esta no existe: se calcula que cerca de la mitad de los presos bonaerenses no tiene condena firme. 

 El país, y especialmente la provincia gobernada por Kicillof, cuenta con cárceles en mal estado y que no dan abasto para detener a todos los delincuentes. Muchos jueces liberan rápidamente a los malandras por profesar una ideología abolicionista, pero también es cierto que las comisarías y los penales tienen mayor cantidad de detenidos que capacidad para alojarlos. Esto provoca que, en primer lugar, los jueces con ánimos de liberar reos tengan herramientas para justificar su dañina decisión, y, en segundo lugar, que los presos no logren re-socializarse durante su condena o prisión preventiva.

 El tratamiento de las leyes de reiterancia (impide al juez liberar al detenido que ya ha delinquido más de una vez), de ley anti-mafia (colectiviza la pena para todos los integrantes de una asociación ilícita sin importar su rol), y de baja de la edad de imputabilidad (el deterioro del tejido social lleva a que se delinca a una edad cada vez más temprana) son una excelente noticia. El problema es que seguiremos ante el mismo inconveniente: ¿Dónde se detendrán a todos los nuevos detenidos cuando no hay más espacio en un sistema penitenciario que ha quedado vetusto?

 Con el fin de que el Estado cumpla su función de monopolio de la fuerza, debe prevenir y reprimir el delito. En áreas calientes como el conurbano bonaerense, la descentralización de la seguridad de la Provincia para que cada municipio tenga sus propios centros de monitoreo y recursos policiales y tecnológicos óptimos como en la CABA es de imperiosa necesidad. Pero sin construir más cárceles, los delincuentes seguirán circulando, y aquellos en los que se ha fracasado en su socialización no podrán re-socializarse. Sin nuevas cárceles, el Estado seguirá ausente. 

Tomás Racki. Politólogo. Diplomado en Seguridad Ciudadana.